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   Las operadoras de telecomunicaciones españolas tendrán que hacer frente a unos costes anuales extraordinarios estimados en unos 450 millones de euros para adaptarse a los nuevos requerimientos establecidos por el Gobierno con el objetivo de elevar los niveles de seguridad en las telecomunicaciones para hacer frente a las nuevas amenazas del crimen organizado y el terrorismo.

   La mayor parte del gasto procede del coste del sistema para cumplir con la nueva ley en tramitación, que obligará a todas las operadoras a guardar, durante un año, todos los datos de cada llamada, aunque el proyecto de Ley establece que podría aumentarse el plazo en dos años.

   Sólo en telefonía móvil cada día se realizan en España varios cientos de millones de llamadas, pero todo el sector, incluyendo la telefonía fija y los accesos de banda ancha cuentan con más de 78 millones de contratos con los usuarios.