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   Hacienda planea ligar el aumento de ingresos de los ayuntamientos a los Impuestos de Sucesiones y Donaciones.

   El resultado será que los municipios en comunidades que hayan eliminado estos impuestos tendrán menos fondos.

   Una de las iniciativas más polémicas de las afrontadas en los últimos años por el Gobierno, es la reforma de la financiación autonómica.

   Las comunidades autónomas se han dividido en dos bloques -independientemente de su color político- nos sólo entre las defensoras de un modelo de solidaridad y las favorables a una fuerte reducción de las garantías de los territorios más pobres, sino que los propios alcaldes se verán movilizados frente a un modelo u otro.

   Dentro del capítulo de tributos, se encuentran el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, figuras que actualmente han sido eliminadas o reducidas a la mínima expresión en las comunidades autónomas gobernadas tanto por el Partido Popular en solitario o en coalición, como por parte de las comunidades socialistas.

  Los ayuntamientos podrían convertirse en una pieza importante en la negociación del futuro modelo de financiación territorial.

   José Montilla, presidente de la Generalitat, mantuvo toda una serie de reuniones con el vicepresidente Solbes para defender la necesidad de dar marcha atrás a las decisiones de Madridy el resto de autonomías de eliminar estos tributos.

   La presión de los ayuntamientos, para que las CCAA recuperen estos impuestos puede ser relevante. Especialmente porque, como ya ha revelado la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) los ayuntamientos están asumiendo competencias que no deberían caer sobre sus hombros, especialmente de tipo asistencial, y cuyo verdadero financiador deberían ser las autonomías. El volumen gastado ya en estas competencias indebidas supera los 60.000 millones de euros según estima la FEMP.