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   La Administración reconoce expresamente que los procesos de organización familiar alrededor de la empresa (como la creación de protocolos familiares) son motivo económico que afecta al negocio y no sólo a la familia, por lo que ampara la aplicación del régimen de neutralidad fiscal.

   El texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades (TRLIS), implica que las fusiones, escisiones, aportación de activos, canje de valores y cambio de domicili social no están gravadas si cumplen una serie de requisitos, fundamentalmente que la operación no tenga un sustrato económico, es decir, que se haga básicamente para que la empresa funcione mejor.

   Por lo que la Inspección Fiscal lo va a tener más difícil para gravar operaciones como fusiones o canje de activos en las empresas familiares después de dos consultas vinculantes emitidas por la Subdirección General de Impuetos sobre las Personas Jurídicas que abordan el concepto de neutralidad fiscal. Estas dos consultas vinculantes se refieren a supuestos típicos de compañías familiares: por un lado, la creación de un hólding entre las diversas firmas, propiedad todas de la misma familia; por otro, una reestructuración.

   El problema es que la Inspección fiscal estaba interpretando de una forma muy restrictiva estos condicionantes y giraba liquidaciones sustanciales después de que los propietarios hubieran efectuado la reorganización.

   La Administración reconoce que la mejor organización de la familia alrededor de la empresa es un "motivo económicamente válido". Aunque afirma que, "cuando la causa que motia la realización de dichas operaciones es meramente fiscal, no se aplica el régimen especial".