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   La Agencia española de Protección de Datos, en coordinación con las demás autoridades homólogas de europa, ha iniciado una inspección de oficio en el sector de las telecomunicaciones y de proveedores de servicios de Internet con el objetivo de comprobar el grado de cumplimiento de la Ley de Conservación de Datos, que entró en vigor hace más de un año.

   En España se aprobó dicha Ley, en respuesta a la Directiva sobre retención de datos, y obliga a todos los operadores a conservar, durante un año, los datos de tráfico y de localización de las comunicaciones (telefonía fija y móvil, e internet) y establece el deber de cesión de dichos datos a los agentes facultados, requeridos a través de la correspondiente autorización judicial con fines de detección, investigación y enjuiciamiento de delitos graves. Con esta inspección lo que se pretende, es comprobar si las empresas del sector afectado cumplen con las garantías de seguridad en relación con los datos almacenados.